Archivos Mensuales: diciembre 2012

Relaciones entre Estado e Indígenas en el Perú

Los sucesos trágicos de Bagua de 2008 cambiaron las relaciones entre el estado y los pueblos indígenas. Y no solo porque a raíz de ella se creó la Ley de Consulta Previa, sino porque colocó en la palestra la inclusión de las poblaciones locales en las decisiones que toma el gobierno central. Pero si bien el “Baguazo”, como se llamó después a la protesta de comunidades locales de Bagua que dejó un saldo trágico de más de 30 personas muertas (24 policías y 6 civiles), fue un suceso que conmocionó al país, las protestas rurales contra el gobierno central tienen larga data, pues representan las fracturas (o disociación) entre la elite del estado y las población campesina e indígena.

Esta ruptura las podemos ubicar incluso desde la conformación misma del virreinato peruano. La instalación del virreinato vino de la mano con la aparición del encomendero. Como se sabe, las encomiendas habían sido establecidas por la Corona como una recompensa a los “beneméritos”, las huestes españolas que acompañaron a Pizarro en su conquista del Perú. La encomienda, vieja institución española, tenía por objetivo “encomendar” al conquistador la evangelización de un grupo de indígenas; a cambio, el indígena debía comprometerse a tributar –en especies, habida cuenta que carecían del “metálico”; es decir las monedas- hacia el encomendero en recompensa por la evangelización recibida. En términos práctico, la retribución indígena se convirtió en trabajo gratis para el encomendero, que a partir de la explotación de su mano de obra empezó a amasar grandes fortunas. Junto a la expansión de las nuevas enfermedades traídas por los occidentales, la explotación laboral de indígena se convirtió en una de las causas de su descenso demográfico de la segunda mitad del siglo XVI.

En tal sentido, la corona española estableció una separación legal entre indígenas y españoles: “República de Españoles” y “República de Indígenas”. Esta separación brindaba, supuestamente, una protección especial a los indígenas por parte de la Corona, quienes habían visto con descontento los casos de explotación de encomenderos hacia sus comunidades indígenas. Así, la Corona estableció el cargo de “Protector de Indígenas”, destinado a ejercer de abogado de indígenas ante la justicia colonial; además de un “corregidor de indios” (frente al “corregidor de españoles”, que solo veía casos de peninsulares) que fungía también de protector. Más aún, reorganizó la población rural estableciendo las llamadas “reducciones” de indígenas y controló fuertemente la movilización entre el campo y la ciudad. Dentro de esta última, también trató al inicio de separar a indígenas de españoles (como la reducción de indígenas de Santiago del Cercado, lo que ahora es Barrios Altos).

Sin embargo, la separación no solo incentivaba la disociación entre indígenas y españoles (el fruto de su unión, el mestizo, siempre fue visto como un ente extraño dentro de la sociedad colonial, pues no cabía dentro de alguna de las dos repúblicas), sino que también obstaculizó todo intento indígena por insertarse dentro del mundo occidental.[1] En un sistema colonial donde un rey en ultramar concentraba el poder, las posibilidades de los americanos (criollos o indígenas) de ejercer alguna influencia sobre el poder eran escasas y disminuían conforme se descendía de grupo social. Los indígenas se mantuvieron alejados de toda posibilidad legal de expresar su disconformidad con el sistema colonial, lo cual se tradujo en la serie de revueltas indígenas que se produjeron durante la Colonia y que llegó a su clímax con la rebelión de Túpac Amaru II. Sometida la revolución del cacique de Tungasuca, los indígenas carecieron de algún medio para expresarse contra los abusos coloniales.

Con la llegada de la República, las leyes cambiaron. La Constitución señalaba la igualdad entre todos los peruanos. Sin embargo, en la práctica los indígenas siguieron marginados de toda esfera de poder. La figura de las comunidades –que permitía que pudieran defenderse en grupo frente a los abusos externos- es eliminada del aparato legal republicano e, incluso, para fines del siglo XIX, los indígenas son excluidos del voto, al decretarse el derecho de sufragio solo para alfabetos. Aun cuando muchas de las rebeliones caudillistas del siglo XIX contaron con su participación, llegado el caudillo a Palacio generalmente olvidaba sus promesas de dar mayores beneficios legales a los indígenas y nunca –pues era pensamiento común- consideraron que los indígenas podrían tener un rol político importante dentro del estado (sino para sustentar los proyectos nacionales creados desde las élites citadinas).

La pérdida de la Guerra con Chile representó un trauma para las élites citadinos, las cuales recién empezaron a reflexionar sobre el olvido con que el Estado había tratado a los indígenas. Sin embargo, los partidos políticos siguieron manteniendo un rol pasivo al indígena dentro de las políticas de estado que estaban destinadas a su “redención”. El proceso  de recuperación económica que experimentó el país a inicios del siglo XX estuvo unido a una penetración salvaje de enclaves económicos –empresas privadas donde, en muchos casos, las leyes nacionales estaban prácticamente suprimidas- en el campo y la mantención, en la Sierra especialmente, de los llamados gamonales (medianos o grandes hacendados con gran poder sobre la localidad o la provincia).

Las relaciones entre el Estado y los indígenas aumentaron. La migración desmedida del campo hacia la ciudad que se produjo desde mediados del siglo XX obligó al Estado a volver alarmado su mirada hacia el campo. Se expandió sobre el campo la cobertura educativa y sanitaria (en extenso pero sumamente precaria), revertiendo las cifras de analfabetismo y, por ende, aumentando el peso del indígena como electorado nacional. Se pensó entonces que con la universalización del voto los indígenas empezarían a tener mayor importancia en los programas políticos. Sin embargo, ya para 1980 terminaba por completarse un proceso “desindianización” en la Sierra. La adopción del término “campesino” por el despectivo “indio” señalaba el deseo –quizá no solo del estado, sino también de las mismas comunidades rurales- por destruir toda segmentación racial. Sin embargo, el término indígena dejó de asociarse al habitante andino para pasar al selvático –el antes “selvícola”-.

En la Selva, el término “indígena” cobró rápida adopción entre tribus que querían usar dicha identificación como medio de protección frente a la expoliación que nuevamente iba ocurriendo en sus tierras. Si a inicios del siglo XX, las tribus selvática sufrieron la brutalidad de los caucheros, desde mediados de la década de 1960 en adelante una nueva amenaza cernía sobre sus espaldas: la expansión de colonos serranos que, impulsados por la crisis de tierra en la Sierra e incentivados por el Estado, se impusieron sobre las tierras de las tribus selváticas, empujándolas cada vez más hacia lo más recóndito de la selva.

Pero junto a los colonos serranos también aparecieron las nuevas empresas petroleras y gasíferas. Caso paradigmático fue el de Camisea en la Selva del Cusco, pero también aparecieron otras, más pequeñas, en la región de Loreto. Aún aquí, el peso políticos de los indígenas selváticos siempre fue escaso, aunque ahora –a diferencia de la época del caucho- contaban con más organizaciones propias que canalizaban sus voces de protesta. La crisis de los 80 significó un respiro para los indígenas, pues retraso el avance de la empresa privada.

No sería hasta inicios del nuevo siglo XXI y la reactivación económica que el país experimenta desde el 2003 que el avance de la empresa privada se retomaría en la selva. Dicha expansión se sustentaba en un discurso liberal que propugnaba la otorgación de las mayores facilidades al capital extranjero para su llegada al país. Sin embargo, el discurso liberal también fue absorbido por grupos populistas o conservadores que han puesto la defensa de la iniciativa privada por encima de los derechos colectivos. Un ejemplo de ello fue el “perro del hortelano” de Alan García. Y es justamente con García que el choque entre los grupos indígenas, que veían amenazados sus territorios por las nuevas leyes de incentivo a la inversión privada, y el estado, que buscaba acelerar la penetración empresarial en la selva. El hecho acabó en una tragedia. Pero el país había cambiado. Como hemos estado viendo líneas arriba, largos y significativo procesos de cambio venían operando desde la ciudad y en el campo. Ello llevó a que la tragedia se vista como punto de partida para una mejor relación entre el Estado y las comunidades indígenas. La Ley de Consulta Previa representaba los deseos de las comunidades por hacer respetar sus derechos de propiedad, pero -en un sustrato inferior- manifiesta también la consolidación del indígena con un papel –no gravitante, pero sí importante- frente al estado

Se podría discutir porqué los indígenas selváticos prefirieron la adopción la segregación social como medio para defender sus derechos colectivos. Más aún, puede discutirse también si este sea el camino más adecuado para establecer una relación estable entre Estado y las comunidades. Sin embargo, no se puede discutir que ella ha sido una elección propia de las comunidades. Y, en tanto tal, se debe respetar.


[1]   A excepción de las élites indígenas, los descendientes de los antigua nobleza incaica, que conservó algunos privilegios en la Colonia y buscó mezclarse con la élite española.